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Funciones y Secretaría Técnica de la RNPC

Funciones y Secretaría Técnica de la RNPC

El sistema operativo de la Red Nacional de Protección al Consumidor funciona como una instancia que coordina y articula los tres principales actores del proceso de intercambio de bienes y servicios en la sociedad de consumo: la empresa o comercio, el ciudadano o consumidor y el Estado a través de las entidades encargadas de proteger sus derechos. 

Funciones de la Red Nacional de Protección al Consumidor:

  • Difundir en todas las regiones del país, los derechos de los consumidores y de los mecanismos que han sido dispuestos por la ley para hacerlos efectivos, aspecto que va de la mano con la formulación de programas de educación y formación en consumo, de manera que se construya paulatinamente una cultura de consumo responsable.
  • Brindar apoyo y asesoría a las Alcaldías en el desarrollo de las funciones que les han sido asignadas en materia de protección al consumidor, teniendo en cuenta que éstas son la autoridad de primer orden en las regiones.
  • Recibir y dar traslado a la entidad competente, de todas las  reclamaciones administrativas que presenten los consumidores, en procura de que las relaciones de consumo se desarrollen dentro de un marco de respeto por los derechos y deberes de las partes involucradas.

​Secretaría Técnica de la Red

Le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio ejercer la Secretaría Técnica de la Red. 

En ejercicio esta función, debe velar por su adecuada conformación y funcionamiento. Para ello le corresponde:

  • Formular e implementar planes y programas con impacto regional cuyo resultado conduzca a elevar el nivel de protección al consumidor en Colombia.
  • Propiciar espacios que permitan la comunicación entre los miembros de la Red, de forma que se articulen acciones, se compartan experiencias en materia de protección al consumidor, se fomenten las mejores prácticas en el ejercicio de sus funciones y se adopten posiciones institucionales coordinadas.
  • Evaluar de manera permanente el estado de la protección al consumidor en las diferentes zonas del país y proceder a diseñar planes de acción de forma coordinada y coherente con las necesidades y desafíos identificados.
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