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Competencia de las alcaldías

Los Alcaldes del país son las Autoridades que en las regiones deben velar por la protección de los derechos de los consumidores de conformidad con las competencias y funciones que en esta materia les ha asignado la ley.

La Ley 1480 de 2011 (Estatuto de Protección al Consumidor), atribuyó a los Alcaldes de nuestro país facultades administrativas de control y vigilancia, para que en el ámbito de su territorio, velen por la observancia de las disposiciones que regulan los derechos y las obligaciones surgidas entre los productores, proveedores y consumidores dentro del marco de las relaciones de consumo.

El Artículo 75 de la Ley 1480 de 2011 creó la Red Nacional de Protección al Consumidor, con la finalidad de elevar el nivel de protección de los consumidores en cada una de las regiones de nuestro país. Para alcanzar este cometido, les corresponde a las Alcaldías como integrantes de la red, difundir y apoyar el cumplimiento de los derechos de los consumidores de manera coordinada y bajo los lineamientos que se permita formular la Superintendencia de Industria y Comercio en calidad de Secretaría Técnica de la Red.

En ejercicio de las funciones de vigilancia y control asignadas por el Artículo 62 de la Ley 1480 de 2011 les corresponde a los Alcaldes:

  • Velar por la observancia de las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011 cuya competencia le haya sido asignada, en el ámbito de su jurisdicción.
  • Dar trámite a las investigaciones por incumplimiento de las normas que regulen la materia e imponer las sanciones respectivas.
  • Interrogar bajo la gravedad de juramento a cualquier persona cuyo testimonio se requiera.
  • Practicar visitas de inspección, así como la práctica de cualquier otra prueba consagrada en la ley, con el fin de verificar hechos o circunstancias relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones legales.
  • Difundir el conocimiento y ejercicio de las normas sobre protección al consumidor y publicar periódicamente la información relativa a las personas que han sido sancionadas.
  • Ejercer en el ámbito de su territorio, las facultades que en materia de metrología legal le han sido asignadas.

Para tener en cuenta:

  • El Alcalde tiene la facultad de imponer multas hasta de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, a favor del Tesoro Nacional, por la inobservancia de las normas en materia de protección al consumidor.
  • Deben observar el procedimiento sancionatorio establecido en la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo.
  • Deben informar al Ministerio Público la iniciación de la respectiva actuación.
  • Contra la decisión adoptada por el Alcalde procede el recurso de apelación, que será resuelto por la Superintendencia de Industria y Comercio.
  • La Superintendencia de Industria y Comercio podrá de oficio iniciar o asumir la investigación iniciada por un Alcalde, caso en el cual éste la suspenderá y la pondrá a su disposición dejando constancia en el expediente.
  • El Alcalde no tiene asignadas funciones jurisdiccionales.

El Alcalde debe dar traslado o remitir la actuación por él adelantada a la Superintendencia de Industria y Comercio cuándo:

  • Considere procedente imponer una medida distinta a una multa.
  • Cuando considere que la multa a imponer sea superior a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
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