Red nacional de protección al consumidor

Preguntas Frecuentes

16. Ley 1581 de 2012 y sus principales aspectos

  1. ¿Cuáles son los sujetos que intervienen en el tratamiento de datos personales?
  2. ¿Qué es un dato sensible?
  3. ¿Qué sucede con los datos relacionados con los menores?
  4. ¿En el caso de la ley, también le fueron reconocidos derechos a los titulares?
  5. ¿Cuándo se requiere la autorización del titular?
  6. ¿Cuándo puede un titular revocar la autorización que otorgó para el tratamiento de sus datos?
  7. ¿Cómo puede el titular ejercer sus derechos?
  8. ¿Existe como en el caso del dato financiero, una autoridad administrativa que vale por el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012?

Los sujetos que intervienen son:

a. Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realiza el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del Tratamiento.

b. Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decide sobre la base de datos y/o el tratamiento de los datos.

c. Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento.

Se entiende por "Tratamiento", cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, como por ejemplo, la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.
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Se entiende por dato sensible, aquel que afecta la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación.
Está prohibido el tratamiento de datos sensibles con excepción de:

a. Los casos en que el titular haya dado su autorización explícita a dicho tratamiento.

b. Los casos en que el tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular y este se encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes legales deberán otorgar su autorización.

c. Los casos en que el tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las debidas garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que se refieran exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan contactos regulares por razón de su finalidad. En estos eventos, los datos no se podrán suministrar a terceros sin la autorización del Titular.

d. Los casos en que el tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial.

e. Los casos en que el tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los Titulares.
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El tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes se encuentra prohibido, salvo aquellos que sean naturaleza pública.

Son de naturaleza pública, aquellos datos calificados como tales por la ley o de la Constitución Política y todos aquellos que no sean semiprivados o privados.

Son públicos, entre otros, los datos contenidos en los documentos públicos, sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva y las relativas al estado civil de las personas.
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Si, la ley les reconoció a los titulares los siguientes derechos:

a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables del tratamiento o encargados del tratamiento.

b. Solicitar pruba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, según lo previsto en la ley.

c. Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales.

d. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley.

e. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.

f. Acceder en forma gratuita a los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento.
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Siempre que se vaya a realizar cualquier actividad que implique "tratamiento" sobre unos determinados datos, se requiere la autorización previa e informada del titular, la cual debe ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior.

Cuando la norma se refiera a la "autorizacion informada", implica que para efectos de recaudarla, se le debe haber informado al titular cuales son las actividades específicas que se realizarán con sus datos y el fin con el que son recolectados. Igualmente, el carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando estas versen sobre datos sencibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes, los derechos que le asisten como titular y la identificación, dirección física o electrónica y teléfono del responsable del tratamiento.

No obstante lo anterior, la ley previó que en los siguientes casos no es necesaria la autorización:

a. Información requerida por una entidad pública o administrativa de ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial.

b. Datos de naturaleza pública.

c. Casos de urgencia médica o sanitaria.

d. Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísiticos o científicos.

e. Datos relacionados con el Registro Civil de las personas.
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La revocatoria y/o suspensión procede cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado en el caso particular, que en el tratamiento, el responsable o encargado incurrieron en conductas contrarias a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 o a la Constitución.
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El titular puede ejercer sus derechos a través de los mecanismos de consulta y reclamos, previstos por la ley.

a. La consulta:

El titular o sus causahabientes pueden presentar consultas ante el responsable o encargado del tratamiento, la cual deberá atender dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recibo, de manera completa y de fondo.

La consulta se debe formular por el medio habilitado por el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento, siempre y cuando se pueda mantener prueba de esta.

Cuando no fuere posible atender la consulta dentro del término antes señalado, se deberá informar al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en qué se atenderá su consulta, la cual en ningún caso puede superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.

b. El reclamo:

el titular o sus causahabientes que consideren que la información contenida en una base de datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la Ley 1581 de 2012, podrán presentar un relcamo ante el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento.

En caso de que quien reciba el reclamo no sea competente para resolverlo, dará traslado a quien corresponsa en un término máximo de dos (2) días hábiles e informará de la situacion al interesado.

Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda que diga "reclamo en trámite" y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha leyenda debera mantenerse hasta que el reclamo sea recibido.

El término máximo para atender el reclamo es de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho término, se informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.

La presentación del reclamo ante el responsable o encargado del tratamiento es requisito para poder acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
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Si, la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones allí previstas es la Superintendencia de Industria y Comercio, a la cual podrá acudir cualquier titular que considere vulnerados sus derechos en esta materia, presentando la respectiva denuncia.

Dicha Superintendencia, podrá en ejercicio de sus funciones, imponer las siguientes sanciones:

a. Multas de carácter personal e institucional hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción.

b. Suspensión de las actividades relacionadas con el tratamiento hasta por un término de seis (6) meses.

c. Cierre temporal de las operaciones relacionadas con el tratamiento una vez transcurrido el término de suspensión sin que se hubieren adoptado los correctivos ordenados por la Superintendencia de Industria y Comercio.

d. Cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el tratamiento de datos sencibles.

Las sanciones indicadas en el presente artículo sólo aplican para las personas de naturaleza privada.

En el evento en que la Superintendencia de Industria y Comercio advierta un presunto incumplimiento de una autoridad pública a las disposiciones de la ley, remitirá la actuación a la Procuraduría General de la Nación para que se adelante la investigación respectiva.
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